Los refugiados ucranianos en Cataluña piden justicia

20.10.2023

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Ese día, bajo el ruido de las bombas, Liliya huyó de su casa con las pocas cosas que llevaba y vivió durante tres semanas bajo el ruido de constantes bombardeos de artillería.

Estaba aislada del resto del mundo, sin teléfono, sin electricidad, sin gas, sin agua. Ese 17 de marzo de 2022, junto a sus familiares y vecinos, decidieron abandonar Mariupol, ciudad que estaba asediada por tropas rusas y que sería brutalmente asaltada dos meses después.

El bombardeo era continuo, y cada vez se escuchaban sonidos de aviones y artillería de enemigos acercándose. Los pocos vecinos que quedaban, alrededor de un tercio de los que habían estado antes de la guerra, estaban escondidos en el sótano del edificio cuando fueron sobresaltados por un fuerte golpe en la puerta. Finalmente abrieron.

«Fueron los militares ucranianos quienes nos advirtieron que los rusos venían y nos aconsejaron huir. Nos subieron a los coches y se marcharon con lo que llevaban», cuenta la mujer.

«No reconocí la ciudad. Calles, edificios… todo quedó destruido. Y todo el camino estaba lleno de cadáveres. Y habia muchos coches con gente muerta dentro», recuerda Lilia, que escapó de Mariupol, bloqueada por Rusia.

Lilia dice que quiere justicia, que los culpables respondan por sus crímenes.

La mujer espera que acaben en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Escuchando a estos testigos, la Oficina de Migrantes de la Generalitat de Cataluña decidió crear un protocolo para facilitar el proceso de denuncia de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra ucranianos que sufrieron o presenciaron y huyeron de tales atrocidades.

«En España no existe ningún mecanismo oficial y público para recoger este tipo de denuncias o testigos y procesarlos si fuera necesario», afirma Adán Maio, director general de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Departamento de Igualdad y Feminismo. Añade que no existe ni un tribunal, ni una unidad policial especial que se ocupe de estos delitos, ni despachos de abogados especializados.

Por este motivo, la Generalitat está ultimando un convenio con el Consejo de Abogados de Cataluña, que se compromete a ofrecer formación en este ámbito a todos los colegios de abogados de Catalunya.

Adán Maio también visitó La Haya esta semana para reunirse con representantes de la CPI, la Corte Internacional de Justicia de la ONU y la Agencia de la UE para la Cooperación en Justicia Penal (Eurojust) para obtener más información sobre cómo proceder en estos casos.

«Hasta ahora estamos contentos de tener una red para que cuando tengamos casos sepamos cómo gestionarlos, pero el objetivo es poder ofrecer servicios proactivos», resume Maio.

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